La Economía Nacional de Mercado (Parte III)

En los artículos anteriores (partes I y II) tratamos dos de los tres factores indispensables para la construcción de una economía nacional de mercado. En este analizaremos el tercero, es decir, explicaremos por qué es indispensable un nuevo contrato social. Cambiar la estrategia de desarrollo neoliberal por otra que implique la construcción de una economía nacional de mercado, requiere un nuevo entorno político y social, una nueva coalición de poder, que asegure la construcción de la nación y la práctica de una democracia republicana. No hay otra manera de centrar la generación del circuito de demanda e ingresos en el interior del país y en beneficio de toda la población.

El contrato social neoliberal, la corrupción y la ausencia de democracia
La Constitución de 1993 redujo el espacio de las políticas públicas y propició el dominio del capital transnacional y de la ideología neoliberal en la determinación del contenido de estas políticas: se introdujo el concepto de subsidiariedad limitando el papel del Estado en la economía, se eliminó la estabilidad laboral y otros derechos de los trabajadores, se convirtieron en contratos–ley los contratos de estabilidad tributaria y se perjudicó a la inversión privada nacional por las desventajas relativas que enfrenta al ponerla en pié de igualdad con la inversión extranjera.

Con esta Constitución el Estado perdió soberanía y el interés nacional pasó a segundo plano. El gobierno, en su afán por atraer inversión extranjera, acepta el óbolo minero en lugar de aplicar un impuesto a las sobreganancias, renuncia al cobro de regalías y promueve la desnacionalización de los recursos con concesiones que afectan al interés nacional y sin rigurosos estudios de impactos ambientales de las inversiones mineras.

Por otro lado, con el neoliberalismo la corrupción se ha hecho parte del actual sistema político y de gobierno. Pocos impuestos y mercado libre para los grupos de poder económico, es parte de la ideología de este sistema. Los grupos de poder eluden su responsabilidad tributaria frente al Estado, y el Estado elude su responsabilidad de proporcionar servicios básicos de calidad a la mayoría de la población. El pueblo legitima a sus gobernantes mediante su voto, pero los elegidos gobiernan en función a los intereses de minorías económicas que no han sido elegidas por el voto popular. Este ejercicio corrupto de la función de gobierno mediatiza la democracia o reproduce, sin nada que lo impida, una forma de gobernar antidemocrática.

En resumen, la actual constitución y la forma corrupta de gobernar, que es funcional al neoliberalismo, conspiran contra la generación de un circuito de demanda al interior del país, indispensable para el desarrollo de la economía nacional de mercado.

Nueva Constitución y la práctica de una democracia republicana
Desarrollar la economía nacional de mercado es indispensable para construir Nación, es decir, una comunidad política territorializada, sin exclusiones. Pero esto no se puede hacer en el marco de la constitución actual. En primer lugar, es necesario recuperar, como peruanos, nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de energía. Una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su futuro. En segundo lugar, el Estado debe recuperar su papel promotor del desarrollo, regulador de la economía de mercado y proveedor de servicios sociales básicos (educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe) con políticas públicas que tengan alcance universal. Todo esto supone un nuevo contrato social, es decir, una nueva Constitución.

El trato prioritario a la inversión privada nacional y un Estado promotor del desarrollo y regulador de la economía, constituyen la base para institucionalizar el circuito nacional de generación de demanda e ingresos. Sin reforma tributaria que aumente los ingresos del Estado y con el gasto público reducido (como porcentaje del PBI), el Estado no llega a todos; es excluyente. No hay servicios sociales básicos para parte importante de la población y los que provee son de baja calidad. Por lo tanto, aparte de los requisitos de desempeño que se impondría a la inversión extranjera, una nueva Constitución permitirá efectuar una profunda reforma fiscal para, aumentando los recursos del Estado, atender programas sociales de carácter universal.

Con la nueva Constitución terminará la corrupción como práctica de gobierno: establecerá garantías y contrapesos, clara separación y plena independencia de los poderes del Estado y de los órganos de control, y una nueva regionalización, para tener un Estado y un gobierno que practique la democracia republicana, con rendición de cuentas, transparencia, y drásticas penalidades a los que gobiernan sin respeto a la elección popular y violando la Constitución.

La práctica de la democracia republicana impedirá la cooptación del poder político por los poderes fácticos y por los grandes grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza. Habrá mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes. La democracia será mucho más que un modo de elegir gobernantes y representantes del pueblo, será un sistema de elección y un modo de gobernar sujeto al mandato del voto popular y a la Constitución.

La Economía Nacional de Mercado (Parte II)

En el artículo anterior indicamos que la economía nacional de mercado se construye desarrollando capacidad empresarial y que esto exige superar las restricciones que enfrenta la inversión privada nacional o local. Este es solo el primer factor. En este artículo trataremos del segundo: el desarrollo de instituciones y espacios de política para generar establemente un circuito nacional de demanda e ingresos, vinculando el corto con el largo plazo. Esta vinculación es crucial. Se trata de conectar la administración de la demanda agregada durante el ciclo con el crecimiento y las transformaciones estructurales. Procesos históricos importantes de cambio estructural industrialista fracasaron por problemas de corto plazo.

Corto y largo plazo: la relación de la estabilización con el crecimiento económico
Las economías de mercado no son intrínsecamente estables ni tienden automáticamente al pleno empleo. En los países del centro el gobierno, según el legado keynesiano, es el responsable de enfrentar las recesiones mediante políticas, monetaria y fiscal, expansivas. Para que esto ocurra también en países como el nuestro, se debe construir, como lo hicieron los países del centro, un circuito nacional de generación demanda e ingresos.

La condición necesaria para construir este circuito es eliminar las restricciones que impiden que la inversión privada nacional se expanda, creando demanda y capacidad productiva a lo largo y ancho del país. La administración del ciclo (mediante las políticas macro) debe ser funcional a este objetivo de largo plazo.

El mercado de capitales en soles facilita el financiamiento de mediano y largo plazo de la inversión, pero también mejora la eficiencia de la política monetaria basada en metas explicitas de inflación con la tasa de interés como instrumento (regla de Taylor). Cuanto más profundo y líquido es este mercado, mayor es la competencia en el mercado financiero donde hoy domina el oligopolio bancario. El marco regulatorio de este mercado debe ser reformado para que las empresas productivas pequeñas y medianas pueden emitir deudas.

El mercado de capitales en soles también contribuye a la sostenibilidad de la política fiscal. Su expansión se sustenta en el desarrollo del mercado secundario de deuda soberana en soles. Este último permite reducir los riesgos de la deuda pública (cambiario y de tasas de interés variables) sustituyendo deuda externa por interna. El mercado de deuda soberana permite asimismo introducir la «Regla de Oro» en el gasto del gobierno: endeudamiento solo para financiar inversiones públicas. Hasta aquí la vinculación del corto y largo plazo con referencia a la inversión que, como se sabe, es un factor de creación de demanda y de capacidad productiva.

El gasto público corriente no crea capacidad pero sí crea demanda; por lo tanto, junto con la inversión privada local, tiene que ser parte del circuito nacional de generación de demanda e ingresos. Este gasto no puede ser, entonces, procíclico. Se debe introducir una regla contracíclica en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, para que los ingresos públicos sean los únicos que fluctúan con el ciclo. En el auge se acumula fondos de estabilización para hacer frente a las recesiones.

Finalmente, en una economía abierta se necesita otra medida para solucionar el conflicto entre el corto y el largo plazo. La apertura financiera y la libre movilidad de capitales dificultan la administración de la tasa de interés y el tipo de cambio real, dos precios relativos importantes que influyen en la demanda de inversión privada. Una buena administración de la economía nacional, decía Keynes, depende de la libertad de fijar una tasa de interés apropiada sin referencia a las tasas prevalecientes en el resto del mundo. Esto quiere decir que hay que controlar el flujo internacional de capitales y, para asegurar un tipo de cambio real estable y competitivo, este control debe ser acompañado con una regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario.

Mercado laboral, salarios y generación de demanda
El modelo exportador neoliberal opera con salarios reales reprimidos y sin derechos laborales. Esta manera de ganar competitividad internacional deja de lado los aumentos de la productividad asociados a la expansión de los mercados internos.

Por el contrario, la economía nacional de mercado implica mejores condiciones de vida y de trabajo. En consecuencia, el circuito de generación de demanda e ingresos debe incorporar también al mercado laboral. Se tiene que restablecer el salario mínimo como instrumento de política e introducir estándares laborales decentes, el derecho a la libre sindicalización y un sistema de protección social universal. Estas instituciones ni distorsionan el mercado de trabajo ni tienen por qué reducir los niveles de empleo. Son absolutamente necesarios para desarrollar un proceso sólido y estable de generación de demanda al interior del país. El salario es un factor de demanda y no solo un factor de costo. Hay otros costos como el de financiamiento que se reducirían notablemente con el desarrollo del mercado de capitales en soles.

Para terminar, es importante mencionar que, desde los clásicos, el salario forma parte del conflicto distributivo. Su determinación, por lo tanto, tiene que ver con el poder económico y político que desde el gobierno le da contenido a las políticas públicas. El modelo neoliberal se funda en un desbalance de poder que perjudica a los trabajadores, campesinos y a parte importante de la clase media. Esta es la otra cara de su carácter «desnacionalizador» que analizaremos en otro artículo.

La Economía Nacional de Mercado (Parte I)

PhD FÉLIX JIMÉNEZ

Es inverosímil que para algunos economistas la crítica al modelo neoliberal peruano sea considerada como un rechazo al mercado, y que los críticos de ese modelo sean calificados como enemigos del mercado. Esta incapacidad de razonar también se revela cuando escuchan hablar de nacionalizar la economía o nacionalizar las actividades estratégicas, es decir, de ponerlas al servicio del interés nacional. El propósito de este artículo es invitar al lector bien intencionado a participar en un debate que trascienda el razonamiento dicotómico Estado-Mercado y despliegue su curiosidad por estudiar los temas del desarrollo.

La modelo económico neoliberal es desnacionalizador
El modelo neoliberal aplicado al Perú desarrolla un circuito económico desnacionalizador. Bastaría señalar que la caída de la tasa de crecimiento de 9.8% en 2008 a 0.9% en 2009, revela la desconexión de nuestra economía con sus mercados internos o su fuerte dependencia con lo que ocurre en el mercado internacional. Esto es historia conocida, pero no parece suficiente. ¿Por qué es desnacionalizador?

Primero, porque la versión neoliberal del modelo exportador aplicado aquí (que es distinta de la versión exportadora de los países del Asia), no considera el desarrollo de los mercados internos. Deja de lado los factores de demanda interna y hace énfasis en el minimalismo estatal, en consonancia con la teoría neoclásica del comercio internacional y del crecimiento económico. Para esta teoría el mercado autorregulado es eficiente, las distorsiones en el mercado son originadas por la intervención del Estado y los países comercian porque tienen distintas especializaciones beneficiándose del comercio si cada uno produce y vende lo que sabe hacer relativamente mejor.

Segundo, porque, a diferencia de lo que ocurrió en los países asiáticos, orienta el desarrollo fuera de los mercados internos, creando en su lugar enclaves que no tienen conexiones con la economía interna y no toma en cuenta los intereses de la comunidad nacional de la sierra y la selva del país.

Tercero, porque su focalización en las exportaciones, dada las condiciones de las que se parte, genera comportamientos ventajistas en la competencia internacional mediante la supresión de los derechos de los trabajadores, el mantenimiento de salarios reales estancados, la imposición de contratos de estabilidad tributaria que lesionan la soberanía nacional, y la desatención de los costos medioambientales de la explotación de recursos primarios (piense el lector en Cocachacra, Arequipa; en Majaz, Piura; en Bagua, Amazonas; o, solo en la Oroya, Cerro de Pasco). Piense también, el lector, en las exportaciones no tradicionales que basan su competitividad en mano de obra barata y de baja calificación.

Finalmente, porque privilegia las inversiones extranjeras en la actividad primaria exportadora que vende en los mercados externos, en lugar de promover el crecimiento de la demanda interna en consonancia con un aumento diversificado de la oferta productiva. El modelo exportador neoliberal no permite aprovechar internamente los frutos del progreso técnico o los aumentos de la productividad a favor del interés nacional.

La economía nacional de mercado
Hay que «nacionalizar» esta economía. Hay que centrar el desarrollo del país en la expansión de los mercados internos que ya existen y en la creación de otros nuevos, es decir, hay que desarrollar una economía nacional de mercado. Esto no significa autarquía ni estatismo. Significa basar las ganancias de competitividad en aumentos de productividad y no en ventajas absolutas naturales y en el cholo barato. Las ventajas competitivas se logran conectando la economía con la geografía y la demografía, diversificando el aparato productivo para basar estas ventajas en rendimientos a escala con costos unitarios decrecientes que favorece el comercio intraindustrial. Pero también significa institucionalizar políticas de generación de ingresos y demanda interna para sostener el crecimiento.

Hay que construir capacidad productiva industrial, agroindustrial y agropecuaria (oferta), y simultáneamente desarrollar la demanda interna para asegurar el uso de esa capacidad. Además, una demanda interna que se sostiene en el tiempo estimula nuevas inversiones para expandir y diversificar la capacidad productiva. Desde esta perspectiva, las exportaciones son necesarias para solventar las importaciones y hacer sostenible el crecimiento económico; y, en este caso, las ganancias de competitividad están garantizadas por la expansión de los mercados internos.

¿Cómo se construye una economía nacional de mercado?
Primero, facilitando el desarrollo de capacidad empresarial nacional; segundo, desarrollando instituciones y espacios de política para generar establemente demanda interna e ingresos, vinculando el corto con el largo plazo; y, tercero, con un nuevo contrato social que asegure la democracia republicana.

Por razones de espacio solo trataremos el primer punto. La creación de capacidad empresarial nacional está asociada a la expansión de la inversión privada nacional o local; pero ésta, a diferencia de la extranjera, enfrenta restricciones de mercado interno, de financiamiento y, de capital humano y tecnología. La restricción de mercado se supera con inversión en infraestructura económica y social, a lo largo y ancho del país. La restricción de financiamiento se resuelve con un mercado de capitales en soles, profundo y líquido, sustentado en un mercado secundario de deuda soberana en soles, a distintos plazos, para generar tasas de referencia para las emisiones privadas. Por último, la restricción de capital humano se supera con una reforma educativa para facilitar la movilidad y adaptabilidad de la mano de obra, con inversión en investigación y desarrollo, y con vínculos institucionales con la industria y las empresas para definir contenidos curriculares que hagan fluido el tránsito hacia el mercado laboral.

¿PPKuku outsider? de qué?

El Estado hemipléjico

Por Sinesio López Jiménez

Si PPK es outsider entonces las hetairas son vírgenes. Eso es a todas luces un contrasentido. Más de un 30% de la gente cree, sin embargo, que PPK es políticamente virgen (outsider). ¿Puede ser outsider un hombre que ha estado al servicio de casi todos los gobiernos desde hace más de 30 años? ¿Pueden alegar virginidad las mujeres de la vida alegre que han trabajado en los burdeles por más de tres décadas? La respuesta es obviamente negativa. Pero las dudas quedan toda vez que el mismo PPK se ha autoproclamado outsider. El tocamiento indebido que le hizo la modesta señora del Callao tiene quizás el sentido profundo de la búsqueda de una respuesta a ese contrasentido. Lo único cierto de todo esto es que PPK ha prostituido el sentido de la política y del discurso político (outsider, gran cambio, etc.).

¿Qué papeles ha jugado PPK en la política peruana del 80 en adelante? Varios, entre ellos ministro de varias carteras, primer ministro, lobbista y frustrado terrorista financiero. Durante el primer gobierno reformista de Belaunde fue funcionario del BCR del que salió (huyendo del país) acusado de algunos delitos económicos en los inicios de la dictadura de Velasco. En el segundo gobierno conservador de Belaunde fue ministro de Energía y Minas y en el gobierno de Toledo, ministro de Economía y Finanzas y primer ministro. ¿Quién lo nombró en los cargos de ministro y primer ministro? Formalmente el presidente de la República, pero ¿por presión y a instancia de quiénes?

Para entender mejor las cosas es necesario tener en cuenta este dato fundamental: desde 1990 hasta ahora, ningún ministro de Economía y Finanzas ha pertenecido al partido de gobierno que ganó las elecciones. Casi todos ellos provienen de las canteras de los organismos financieros internacionales, de las grandes corporaciones empresariales y de los bancos. ¿Por qué? Estos organismos quieren un operador de sus intereses en los espacios importantes de decisión política del Estado y presionan y chantajean por el nombramiento de sus gatos despenseros. Se forma entonces una vigorosa coalición política entre el Presidente y los poderes fácticos a través de sus operadores que ocupan esos espacios económicos. Ellos son los que gobiernan y deciden. El resto es chancay de a medio.

¿Cuáles son esos espacios estatales? Los aparatos económicos del Estado: MEF, BCR, SBS, SUNAT, FONAFE, ministerios que manejan asuntos económicos, etc. En estos aparatos económicos los operadores con el jefe del Ejecutivo deciden las políticas económicas, los impuestos, las regalías, el canon, las exoneraciones tributarias, los convenios de estabilidad tributaria, las privatizaciones, las concesiones, los gastos sociales. En estos espacios se producen los grandes faenones, los de los tiburones, no los de los pirañitas. Estos se producen en los aparatos sociales del Estado y en otros espacios menores. Los presidentes y los operadores de los poderes fácticos han organizado un Estado Hemipléjico. Sus aparatos económicos funcionan más o menos bien, pero sus aparatos sociales (salud, educación, seguridad) son un desastre, reciben poco presupuesto y son ineficientes.
¿Para quiénes funcionan bien los aparatos económicos del Estado? ¿A quiénes favorecen las decisiones y políticas que se toman en esos aparatos? A las grandes corporaciones empresariales, a los bancos, a los ricos en general. Todos sabemos que en el neoliberalismo las políticas económicas son para los ricos y las políticas sociales, las migajas, para los pobres.

En sus funciones públicas y fuera de ellas PPK ha sido siempre un lobbista de las grandes corporaciones y, cuando los intereses de éstas corrían peligro (con las candidaturas de Ollanta en el 2006 y de Susana Villarán en el 2010), jugaba al terrorismo económico imaginando, diseñando y gestionando pánicos en los mercados financieros. Ahora dice muy suelto de huesos que puede resolver todos los males del Perú. ¿Por qué no lo hizo cuando tuvo un enorme poder en el Estado?

http://www.larepublica.pe/18-03-2011/el-estado-hemiplejico

El escándalo de la «página once»

El primer gobierno de Belaunde (1963-1968)

La firma de un convenio con la International Petroleum Company (IPC) provocó la crisis final del gobierno de Belaunde. Según se informó, el convenio beneficiaría al Perú, ya que la IPC se comprometía a devolver los yacimientos de La Brea y Pariñas y a comprar el petróleo a la Empresa Petrolera Fiscal, aunque conservaría la refinería de Talara. La posterior denuncia de la desaparición de la página once del contrato, donde se había establecido el precio de venta del petróleo por debajo del precio del mercado, provocó un verdadero escándalo político. Varios sectores del país criticaron duramente a Belaunde, quien se vio obligado a cambiar a todo su gabinete el 2 de octubre de 1968. Al día siguiente, 3 de Octubre, el General Juan Velazco Alvarado depuso al presidente Belaunde, dejó sin efecto el convenio entreguista suscrito con la IPC y el 9 de Octubre el ejército peruano ocupó la refinería de Talara y los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas. Aquel entonces, Pedro Pablo Kuczynski era brazo derecho de Belaunde. Hay una pregunta sin respuesta: ¿Que pasó con la pagina 11?

LOS PUEBLOS QUE OLVIDAN SU PASADO ESTAN CONDENADOS A REPETIRLOS

Si hizo esto el 68 ¿ Que no hara el 2011 si es elegido presidente?

Kuczynski: El extranjero que permitió a la IPC sacar del Perú el equivalente de US$105 millones del día de hoy.- La historia

El ejército peruano en Talara

Si bien en octubre de 1968 el ejército había tomado las instalaciones de La Brea y Pariñas, la International Petroleum Company pudo llevarse ese mes del Perú el equivalente de 105 millones de dólares del día de hoy. La IPC logró extraer del sistema financiero dichos fondos gracias al apoyo recibido de Pedro Pablo Kuczynski, a la sazón uno de los seis gerentes del Banco Central de Reserva que aparece en la relación de funcionarios publicada en la Memoria 1968 de dicho banco.
En la actualidad, Kuczynski es uno de los candidatos de la derecha a la presidencia del Perú; es el testaferro encubierto del gran capital industrial financiero norteamericano y su objetivo no es defender los intereses del pueblo peruano sino ahondar en el Perú el neoliberalismo económico para extenderlo a otros países de america latina.
El neoliberalismo económico significa el mercado libre absoluto, sin control del Estado quien mas bien es utilizado para quebrar la protección social y los derechos adquiridos de los trabajadores para sobreexplotarlos e incrementar las utilidades del gran capital y privatizar los servicios públicos con sus instalaciones para entregarlos a corporaciones privadas para su explotación. Fue instaurado en el mundo por Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

Un grupo de fantasmagóricos clubes electorales derechistas, conformado por políticos defensores de los explotadores nativos y extranjeros que operan en nuestro país, ha anunciado que apoya la candidatura del ciudadano estadounidense Pedro Pablo Kuczynski Godard a la presidencia del Perú.

Existen diversos motivos por los cuales los trabajadores y los pobres de nuestra nación no deben votar por el extranjero Kuczynski Godard.

La primera de estas razones es que Kuczynski nunca se ha identificado con el Perú, ni ha defendido nuestros intereses económicos y políticos. Ya a los treinta años de edad, Kuczynski era un instrumento infiltrado en las instituciones del gobierno peruano. Desde el Banco Central de Reserva en el que logró colocarse, Kuczynski operó como punta de lanza del gran capital extranjero, sirviendo a las grandes empresas que saqueaban nuestro país.

Los peruanos jóvenes desconocen la foja de servicios antiperuanos de Kuczynski. Es así porque su biografía ha sido saneada y maquillada con el fin de esconder sus acciones en contra de los intereses de nuestro país.

Se hace necesario revelar su historia oculta para que los electores tomen conciencia sobre la quintacolumna antiperuana que personifica Kuczynski.

En octubre de 1968, el ciudadano extranjero Pedro-Pablo Kuczynski Godard era uno de los seis gerentes del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), estando a las órdenes de Carlos Rodríguez-Pastor M., gerente general de esa institución. Había sido colocado en el BCR debido a la influencia de instituciones extranjeras como el FMI y el Banco Mundial, que presionaron al gobierno de Belaúnde para obtener su nombramiento como gerente del Instituto Emisor.

Ese mismo mes, el gobierno del general Velasco Alvarado había decretado la nacionalización de la International Petroleum Company (IPC), medida que incluyó la expropiación de sus instalaciones, incluyendo la refinería de Talara.

Durante largas décadas –desde 1924– la IPC gozó de un régimen tributario que le permitió eludir en lo sustancial el pago de impuestos sobre el petróleo que extraía en la Brea y Pariñas. El gobierno de Velasco valorizó el adeudo de esa firma al Perú en el monto de 700 millones de dólares de la época.

A pesar de haber sido tomada la Brea y Pariñas por el gobierno de Velasco, la International Petroleum Company logró extraer del Perú, desde el 3 de octubre de 1968, la suma de 17 millones de dólares de la época. La IPC pudo robar ese dinero al fisco peruano gracias a la intervención directa del ciudadano extranjero Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien desde su cargo de gerente del Banco Central de Reserva autorizó la transferencia y dio curso al desembolso en favor de la empresa de Rockefeller. El hecho fue denunciado por la prensa peruana. Los interesados pueden consultar las ediciones de los principales diarios de Lima a partir de octubre de 1968.

El poder adquisitivo del dinero que Pedro Pablo Kuczynski autorizó entregar a la IPC equivale el día de hoy a más de 105 millones de dólares, de acuerdo a las proyecciones monetarias que pueden obtenerse en el sitio web Measuring Worth (*).

Kuczynski, Rodríguez Pastor, y otros cómplices fueron enjuiciados por sus actos en favor de la IPC y en contra de los intereses del Perú. Para evadir a la justicia, Kuczynski huyó del país a través de la frontera con Ecuador. Fugó escondido en la maletera de un auto adecuadamente acondicionado para el efecto.

Ya en los Estados Unidos, Kuczynki Godard fue premiado por los importantes servicios prestados a la International Petroleum Company con un puesto de trabajo en el Banco Mundial.

Hoy, este logrado ejemplo de pendejo transnacional quiere hacer cojudos a los habitantes de Chololandia lanzando su candidatura a la presidencia para las elecciones del 2011.

Partidos-empresa. La política como inversión

Según la ciencia política, un partido-empresa puede definirse como una organización al servicio de un líder sin ideología y con un accionar basado en el poder del dinero. Ese parece ser el caso, entre otros, de Alianza Para el Progreso, el partido del empresario César Acuña Peralta. Su relativo éxito y su presencia nacional le han dado un nuevo significado a la forma de hacer política en el Perú.

Por Raúl Mendoza

En las últimas elecciones regionales, representantes de Alianza Para el Progreso (APP), el partido de César Acuña, recorrieron el país buscando candidatos con posibilidades de triunfo para hacerlos sus aliados y cofinanciarles la campaña. Ganaron 2 gobiernos regionales, 14 alcaldías provinciales y 78 distritales, convirtiéndose en la organización política más exitosa de esos comicios.

Alcanzar este resultado fue sin duda consecuencia de una sustancial inversión económica. Es decir, una forma de trabajo partidario, pragmático y desideologizado que los politólogos han catalogado como partido-empresa y que puede convertirse en el nuevo estilo de actuar en la política peruana.

Aunque muchos estudiosos consideran que –en rigor– APP es el único caso de partido-empresa en el Perú –por su escala casi nacional, su poder económico y la presencia mediática de su líder–, los casos de políticos con similar estilo no son pocos. El politólogo Carlos Meléndez ha definido de manera coloquial y precisa este fenómeno en un ensayo publicado en el libro Anti-candidatos. Guía analítica para unas elecciones sin partidos (Mitin 2011): “Si es cierto que en el amor billetera mata galán, en el nuevo siglo va quedando claro que billetera mata político”. Esta característica recién empieza a definirse, pero ahí está desde hace un tiempo.

Ejemplos de seguidores de esa forma –derrochadora– de hacer política pueden encontrarse sobre todo en el interior del país, donde Acuña también inició su larga marcha. Por ejemplo, los dos candidatos que disputaron la presidencia regional en Ayacucho: Wilfredo Oscorima, vinculado al negocio de casinos, quien llegó a regalar billetes de 100 soles en campaña; y Rofilio Neyra, dueño de la empresa Inti Gas y del equipo de fútbol del mismo nombre. Ambos hicieron regalos en sus mítines, financiaron intervenciones quirúrgicas, entre otros obsequios. Uno de ellos –Oscorima, quien ganó la elección– prometió no cobrar su sueldo. Como se ve, parece que dinero es lo que sobra.

Votos cautivos

El sociólogo Rodrigo Barrenechea, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señala que en el interior del país la actividad privada es la plataforma usual para incursionar en política. “Políticos con radios locales o recursos similares hay en muchas regiones. Eso hace que los partidos nacionales no puedan retenerlos o sumarlos, porque ellos construyen su propio capital político a partir de sus recursos privados. Hasta allí las similitudes. La diferencia con Acuña es la escala mayor de su organización y el control que tiene sobre ella”. El financiamiento del proyecto de Acuña proviene de sus universidades: César Vallejo, Señor de Sipán y Autónoma del Perú. Los votos que consigue provienen de los programas sociales que ha establecido para ayudar a sectores pobres con los que ofrece agua, alimentos, educación inicial y servicios en salud.

Hay otros políticos que tienen un perfil similar al de Acuña, aunque aún no han dado el salto al partido propio. Uno de ellos es José Luna Gálvez, congresista por Solidaridad Nacional y dueño de la Universidad Privada Telesup, el Instituto Isel y el colegio Galileo Galilei. Como Acuña, también tiene una fundación que ayuda a niños y mujeres pobres, y es uno de los principales contribuyentes en su partido (aportó 224 mil soles para la presente campaña, según el Jurado Nacional de Elecciones). A través de la donación de becas y el trabajo social que hace amparado en su poder económico, ha tejido su red de eventuales votantes. Es además el predecesor de Oscorima: desde que volvió al Congreso –estuvo suspendido por un juicio– ha cobrado un sol de sueldo y el resto lo dona a tres hospitales públicos.

Otro personaje con similares características sería el ex congresista Roger Amuruz, quien es presidente del grupo IDAT y dueño de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Como los anteriores, es un empresario provinciano que colabora con jóvenes a través de becas de estudio y también realiza labor social. “Estos programas para favorecer a mucha gente y lograr sus votos son una práctica antigua. La diferencia es que el clientelismo en el Perú ha estado asociado al uso de los recursos públicos y en este caso se trata de recursos privados”, explica Barrenechea. ¿Podrían estos empresarios seguir los pasos de Acuña? “No he pensado en el partido propio, pero seguiré ligado a Solidaridad Nacional”, dice Luna Gálvez.

¿Y la democracia?

Justamente hablando de Solidaridad Nacional, se ha dicho que, si bien este es un partido establecido como parte del sistema político peruano, tiene un perfil que también puede remitir al estilo de los partidos-empresa. Rodrigo Barrenechea, del IEP, señala que las similitudes podrían estar en la centralidad del líder Castañeda, quien tiene un círculo reducido de leales, además de la verticalidad de su organización. “En su caso la organización está construida a su alrededor por el prestigio de gestor que tiene en cargos públicos. En cambio el líder de un partido-empresa logra su prestigio en el ámbito privado y lo transmite a su organización”, precisa.

Volviendo a Acuña, su pensamiento sobre los partidos es este, según dijo a La República en diciembre: “Ahora ya nadie vota por las ideologías. Ahora votan por propuestas y compromisos del candidato. Ahora los partidos no necesitan estar tan comprometidos con las bases; para mí la clave de un partido es tener líderes en cada provincia. Ellos ya hacen su organización de acuerdo con lo que quieren lograr”. Es decir, pragmatismo puro y nada de ideología. ¿Es el partido-empresa una presencia inminente en la política peruana? “Esa es una pregunta abierta todavía. Habría que ver si Acuña puede ampliar su organización a nivel nacional y alcanzar el triunfo”, dice Barrenechea. Ojo, es una tendencia que empieza a notarse y a estudiarse. El tiempo dará más luces sobre este fenómeno.

el EMPRESaRIO-CAUDILLO

Silvio Berlusconi, primer ministro italiano y dueño de empresas vinculadas a la comunicación, es el mayor representante del llamado partido-empresa en el mundo. Su agrupación política Forza Italia nació en Publitalia, su empresa de publicidad, y sus primeros ‘cuadros’ fueron sus empleados que recibieron cursillos acelerados de formación política para convertirse en candidatos. Muchos le auguraron el fracaso, pero se equivocaron. Berlusconi llegó al gobierno italiano amparado en el poder económico, político y mediático –un poder que se retroalimenta– de sus empresas, que incluyen canales de televisión, revistas, editoriales y hasta el club de fútbol AC Milan. El secreto de su éxito, según los observadores, se basa en el descrédito de los partidos políticos en Italia.

PPK: gato por liebre

Por Humberto Campodónico

¿Qué tan cierta es la afirmación de que constituyen “sobrecostos laborales” los 30 días de vacaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios y las dos “gratificaciones” por año? Y, a partir de allí, ¿que esos “sobrecostos” impiden que los empresarios contraten más trabajadores? Lo anterior desemboca en la siguiente “propuesta” de PPK: para crear más empleos, hay que disminuir los “sobrecostos”, es decir, las vacaciones, la CTS y las dos “gratis”.

Eso no es cierto, pues se trata de ideología pura al servicio de intereses empresariales. Veamos por qué:

En el Perú, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 14.3 millones, de los cuales más de un millón están en el sector público, 550,000 (sobre todo mujeres) son trabajadoras del hogar y más de 2.6 millones son independientes (aquí están los pequeños productores rurales, los autoempleados y los trabajadores familiares no remunerados —TFNR que, por definición, están fuera de las normas laborales—).

Por tanto, nos quedan 10.1 millones de personas en el sector privado y que serían susceptibles de “sobrecostos”. Por eso en el 2008 se promulgó el DL 1086 (Ley MYPE) que recorta las vacaciones a 15 días, elimina la CTS y las dos “gratis”. ¿A quienes se aplica? A la microempresa y a la pequeña empresa (que ahora comprende hasta 100 trabajadores). La gran y la mediana empresa se siguen rigiendo por la Ley General del Trabajo (DL 728).

¿Es que el DL 1086 ha sido exitoso y ha formalizado a los 3.167 millones de microempresas, ahora que ya no tienen que pagar “sobrecostos”? No, dice el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE): a diciembre del 2010, solo 88,764 empresas se habían acogido al DL 1086 (79,371 Microempresas y 9,393 pequeñas empresas).

Por tanto, solo el 2.53% (79,371 entre 3.167 millones) del total de microempresas se acogió al DL 1086. Esto equivale a solo 140,000 trabajadores, de un total de 7.8 millones que hay en las MYPE. Dicho de otra manera, la Ley MYPE ha fracasado porque estaba errada en su concepto: el problema no son los “sobrecostos”.

Esto lo demuestra el hecho siguiente: de los 530,000 empleos que se han creado en Lima en el periodo 2002-2009 según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) del INEI, 384,000 lo fueron en las empresas de más de 50 trabajadores, que se rigen por el DL 728. Solo 93,000 empleos se crearon en empresas de 11 a 50 trabajadores y 53,000 en empresas de 1 a 10 trabajadores, donde rige la Ley MYPE.

Resumiendo: la Ley MYPE que recorta los derechos de los trabajadores solo ha logrado que se formalicen 88,000 empresas y 140,000 trabajadores, de un total de 3.1 millones de empresas y 7.87 millones de trabajadores, respectivamente. De otro lado, la mayor cantidad de empleos se ha creado en el sector formal, pagando los llamados “sobrecostos laborales”.

La receta de PPK (“el mejor”) acerca del “sobrecosto” no sirve para nada. El problema es, por un lado, de bajos ingresos que no crecen, a pesar del aumento de la productividad y, de otro, por la falta de sindicatos y las leyes antiobreras de Fujimori, que han sido mantenidas por todos los gobiernos posteriores. Tema que veremos en un próximo artículo.

Nota: Buena parte de la información de este artículo fue proporcionada por el economista Julio Gamero, ex viceministro de Trabajo.

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