“Nunca pensé regresar en esta condición a la escuela”, dice Ortega. Rogelio Escalante indica que su encarcelamiento es totalmente injusto.
Usen parte del canon minero Haciendo gala de un buen nivel intelectual, Escalante pide a los candidatos presidenciales ser escuchado. Plantea usar parte del canon minero para cumplir con la homologación de sueldos a policías y militares y atender las demás demandas.
En una minúscula celda, levantada sobre lo que fue un relleno sanitario, pasan sus días casi indiferentes a la algarabía de las fiestas de fin de año, dos miembros de la Policía Nacional que fueron juzgados y condenados a la cárcel, por denunciar actos de corrupción en su institución y exigir que el gobierno cumpla con la ley de homologación de sueldos y reconozca a un sindicato policial.
Richard Ortega, conocido también como Rumimaqui –mano de piedra, en quechua– y Rogelio Escalante, son los policías que se atrevieron a denunciar lo que consideran la parte podrida de la llamada institución tutelar de la Patria, lo que les viene costando juicios y carcelería en un recinto lleno de moscas e insectos, al fondo del terreno de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra. Ahí son vigilados día y noche por ocho colegas con órdenes estrictas de no dejarlos avanzar un poco más allá de su reducido espacio.
“Nunca pensé regresar en esta condición a la escuela donde me formé hace 20 años atrás y solo por pretender crear el sindicato policial que como bien lo declaró el año pasado la Comisión Interamericana de derechos humanos, es importante para la seguridad ciudadana”, refiere risueñamente Ortega, quien hasta el año pasado sirvió en Huamanga, la ciudad que lo vio nacer hace un poco más de 40 años.
“Nos han quitado el sueldo por lo que no tenemos como costear abogado, estoy lejos de mi esposa y mis tres hijos, casi no recibimos visita, me han condenado sin pruebas a tres años por los delitos de conspiración, desobediencia y abandono de puesto, me acusan de estar vinculado a organizaciones populares y partidos de extrema izquierda, es un juicio político, la intención es crear miedo entre mis colegas para que no digan nada de lo que ven y que se abstengan de protestar, aseguran que el presidente García ha ordenado estas detenciones hasta que termine su gobierno”, señala.
Visita solidaria
Luego, en tono decidido, expresa: “cuando uno asume una responsabilidad por una causa justa, como es la policial, los costos son fuertes y tenemos que asumirlos, pero también hay satisfacciones como la de hoy en que recibí la visita del presidente electo regional de Junín, Vladimir Cerrón, con una tarjeta de invitación para su juramentación. Aunque es imposible mi asistencia, lo considero un acto de solidaridad y un reconocimiento a un preso político que lucha por sus hermanos”.
Comparte la celda con Ortega el policía Rogelio Escalante, acusado de conspiración, motín y desobediencia por haber colgado un video en Youtobe en el que exigía al presidente Alan García que cumpla con la ley de homologación a los uniformados, que se equipe los hospitales de Policía y que se cumpla con la entrega de uniformes, que aunque ya presupuestados, no se dan y se les obliga a comprarlos. El video fue reproducido por algunos programas televisivos que lo consideraron de interés público y días después un sorprendido técnico era arrestado y sometido a juicio.
Escalante señaló que su detención “es un abuso, una mordaza, va contra la Constitución en su artículo referente al derecho de opinión”.
Escalante también protestaba por el cambio del régimen disciplinario institucional, obra de la congresista Mercedes Cabanillas cuando ocupó la cartera del Interior y que precipito el Baguazo, donde perdieron la vida 34 peruanos entre policías y nativos.
“Se quitó el articulo 32 que especificaba que el personal policial no está obligado a cumplir órdenes que transgredan los derechos humanos y la Constitución, lo que aplicó el general Jordán durante el “moqueguazo” evitando muchas muertes. No se entiende con qué criterio se quitó algo tan civilizado. Presenté una solicitud de inconstitucionalidad contra el nuevo régimen tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Fiscalía de la Nación, al Colegio de abogados y al Tribunal Constitucional y si este último se hubiera pronunciado, no lamentaríamos tantas muertes”.
Luego explica que con esa modificación también desaparecieron los tribunales policiales que se ocupaban de procesos de investigación “ahora lo hace inspectoría que es a la vez juez y parte, sin tener en cuenta que, según denuncias periodísticas, un general inspector estuvo involucrado en negociados de gasolina y no paso nada”.
Desprotegidos
Las carencias que afrontan tanto policías como militares como son sueldos bajos, la no entrega de uniformes, hospitales desabastecidos y sin mayor equipamiento, rancho de mala calidad, aumento de edad en el pase a retiro, entre otros, hacen pensar a Escalante y según él a muchos otros de sus compañeros, que en los últimos años hay una intención de dañar y debilitar a las Fuerzas Armadas y policiales.
“Pese a elementos negativos, para mí es un honor pertenecer a la Policía, una institución tutelar del país que vela por la seguridad ciudadana aunque también me pregunto ¿cómo pretenden que protejamos a los ciudadanos con eficacia si nosotros mismos estamos desprotegidos?”.
Tanto Ortega como Escalante y dos colegas que compartieron ese pequeño ambiente, consideran que al estar acusados de delitos de función les corresponde permanecer detenidos en el local policial del fundo Barbadillo donde funciona la Diroes y hay 16 ambientes para presos.
“¿Qué intereses han primado para no llevarnos ahí? ¿Es que acaso no quieren que veamos las visitas del ex dictador Alberto Fujimori y prefieren mantenernos aislados en un lugar como este?”, pregunta Escalante.
Denis Merino
Redacción LA PRIMERA
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